La noche del 14 de noviembre dejó una escena que Argentina ya vio demasiadas veces: una serie de explosiones, un incendio que devoró galpones enteros, una nube negra que cubrió el cielo durante horas y más de veinte dotaciones de bomberos intentando contener un fuego que tardó más de 20 horas en ser controlado. El Polo Industrial de Ezeiza volvió a ser noticia, pero esta vez con un nombre que trae ecos inevitables: Iron Mountain.

Según la información oficial, el fuego se habría iniciado alrededor de las 21:00 en la planta de Logischem, una empresa dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. Desde allí, las llamas avanzaron sobre varios establecimientos vecinos: depósitos de neumáticos, fábricas de envases plásticos, una papelera y, entre ellos, un depósito vinculado a Iron Mountain. El intendente Gastón Granados lo confirmó en diálogo con periodistas: “Sí, hace poco mudaron un depósito a ese polo industrial”. El mismo nombre, la misma empresa y otra vez un incendio. La coincidencia deja de ser coincidencia.

Iron Mountain se dedica al archivo y acopio de documentación de empresas, incluidas firmas y organismos públicos. En 2014, su depósito en Barracas ardió en un incendio que la investigación judicial consideró intencional. Diez bomberos perdieron la vida tras el derrumbe de un tramo de la estructura. Ese siniestro dejó más preguntas que respuestas: quiénes se beneficiaron con la desaparición de documentos, qué responsabilidades quedaron fuera del escrutinio y cómo se articulan poderes privados y operadores para que un hecho así parezca un accidente.

ArgenLeaks consultó a un ex funcionario del gobierno anterior, con amplia experiencia en criminalística y manejo de incidentes complejos, alguien que conoce de cerca cómo se administran —y cómo se encubren— los siniestros en instalaciones privadas y depósitos industriales.

Cuando se le preguntó si este tipo de incendios suelen ser accidentales, el ex funcionario fue directo: en muchos casos hubo dinero antes y después del accidente; y el fuego sirve para eliminar evidencia que no puede desaparecer “en silencio”. Explicó que ciertos documentos —especialmente los vinculados al sector público— pueden ser requeridos años después; ningún organismo puede justificar ante un juez que destruyó papeles internamente. Un incendio público, en cambio, ofrece una coartada: la información se perdió por un hecho visible y la atribución de responsabilidad se diluye entre múltiples actores.

El parte oficial de la madrugada confirma que, hasta el momento, no hubo víctimas fatales. Ocho personas fueron trasladadas al Hospital de Ezeiza (dos efectivos policiales y seis civiles), todos fuera de peligro. El operativo de los cuerpos de Bomberos y fuerzas federales trabaja para proteger a la empresa Flamia, que almacena productos altamente inflamables. Otras firmas que también manejan materiales sensibles, como Sinteplast y Molinos Cañuelas, fueron reportadas fuera de riesgo en el parte inicial.

La teoría del ex funcionario apunta a un patrón: la inclusión deliberada de varias empresas afectadas sirve como cortina de humo para diluir responsabilidades, aunque la decisión original provenga de una sola parte. Recordó además que, en el caso de Barracas de 2014, hubo beneficiarios claros: privados con multas y exposiciones financieras millonarias que, de otra manera, podrían haber sido objeto de sanciones o procesos.

Un gendarme que participó del operativo entre las 22:00 y las 02:00 dijo a esta redacción que las pericias comenzarían formalmente al día siguiente y que las lluvias previstas podrían facilitar las tareas al bajar la temperatura del terreno y evitar la dispersión de polvo. También advirtió que no es inusual que las conclusiones preliminares salgan a los medios antes que a la Justicia.

El incendio de Ezeiza está lejos de ser cerrado. Mientras tanto, el nombre Iron Mountain vuelve a aparecer entre las cenizas, y la historia reciente sugiere que, cuando eso ocurre, rara vez se trata solo de fuego.