En 1987, tras el estallido de la Primera Intifada palestina, Israel implementó una serie de operaciones represivas que incluyeron el uso de agentes químicos lanzados desde aviones y helicópteros sobre distintas ciudades y campos de refugiados en Cisjordania y la Franja de Gaza. No se trató de gases lacrimógenos convencionales, ni de sarín, ni de gas mostaza. Los testimonios médicos, periodísticos y humanitarios de la época coinciden en señalar que fue otra cosa: una sustancia no identificada, con efectos clínicos graves y, en numerosos casos, letales.
Según reportes de médicos locales, hospitales como el Ittihad de Nablus comenzaron a recibir cientos de pacientes con síntomas que no correspondían al gas lacrimógeno estándar. Se registraron asfixia severa, edemas pulmonares, sangrados internos, hemorragias vaginales, abortos espontáneos, fallas respiratorias agudas y muertes súbitas, especialmente entre niños, mujeres embarazadas y ancianos.
En varios casos, los síntomas persistieron durante meses, dejando secuelas pulmonares crónicas y deterioro general de la salud.
Periodistas internacionales documentaron que el gas era dispersado directamente sobre zonas residenciales, ingresando a casas, escuelas y clínicas. Testigos describieron un olor penetrante y denso, distinto al de los agentes antidisturbios conocidos, y una reacción física inmediata que impedía a las personas huir o ventilar los espacios.
Cartuchos recuperados en el terreno llevaban marcas de laboratorios estadounidenses, lo que motivó intentos de análisis bioquímicos que jamás derivaron en informes públicos concluyentes.
Mientras los hospitales colapsaban, el ejército israelí bloqueó ambulancias, irrumpió en centros de salud y arrestó a heridos y familiares. Incluso se denunciaron ingresos armados a salas de cirugía durante operaciones en curso. En paralelo, no se permitió una investigación internacional independiente con acceso pleno a muestras, historias clínicas y zonas afectadas. Las denuncias fueron diluidas bajo la narrativa de “control de disturbios” y “excesos aislados”.
Décadas después, el episodio permanece sin esclarecer. No existe una identificación oficial del agente químico utilizado, ni reconocimiento de responsabilidades, ni reparación para las víctimas. La ausencia de respuestas no es un vacío técnico, sino político: un silencio sostenido que transformó un posible crimen de guerra en una nota al pie de la historia.
