La Policía Federal activó de inmediato a la Brigada Especial Federal de Rescate y a la División de Explosivos luego de que un paquete detonara en el piso 11 del edificio donde funciona la institución.
Según precisaron fuentes policiales, otros dos envíos que también habían sido recepcionados no llegaron a abrirse. En un primer momento se indicó que las encomiendas habían sido recibidas aproximadamente cuatro meses atrás y permanecían bajo resguardo dentro de la dependencia. Sin embargo, tras una inspección preventiva posterior al estallido, la Brigada de Explosivos concluyó que los paquetes no contenían material explosivo convencional, lo que abrió una serie de interrogantes técnicos y administrativos sobre la naturaleza del incidente.
El episodio, que en cuestión de minutos activó protocolos de emergencia, dejó en evidencia la tensión latente que rodea a cualquier amenaza vinculada a artefactos sospechosos en edificios públicos.
La intervención de la Brigada no fue menor: estos procedimientos implican evacuaciones parciales, delimitación de perímetros, análisis de restos y rastreo de posibles dispositivos secundarios.
En escenarios de este tipo, la doctrina internacional indica que nunca se descarta la existencia de más de un artefacto, ni la posibilidad de un señuelo diseñado para generar pánico institucional. El estallido ocurrió cuando el paquete fue manipulado en el interior del edificio. De acuerdo con la información preliminar difundida, el destinatario era el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien se desempeñó como director de la institución entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado.
Según trascendió, Gasparutti se presentó ese mismo mediodía en el establecimiento para retirar la encomienda, lo que sugiere que el paquete permanecía almacenado desde hacía meses sin haber sido reclamado.
El dato temporal resulta particularmente sensible: si las encomiendas habían sido recibidas cuatro meses atrás, surge el interrogante acerca de los protocolos de custodia y control aplicados durante ese período. En términos de seguridad institucional, los paquetes retenidos suelen pasar por escáneres, controles manuales y registros de trazabilidad.
El hecho de que uno haya detonado tras tanto tiempo bajo resguardo abre hipótesis que van desde un posible deterioro interno del contenido hasta una activación accidental producto de manipulación.
Tras el incidente, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo una reunión de aproximadamente veinte minutos con el titular del SAME, Alberto Crescenti.
La presencia de Crescenti no es menor: el Sistema de Atención Médica de Emergencias suele coordinar con fuerzas federales ante cualquier evento que pueda implicar heridos, inhalación de gases o exposición a materiales desconocidos.
Aunque no trascendió oficialmente la existencia de víctimas de gravedad, la intervención sanitaria forma parte del protocolo estándar ante explosiones en espacios cerrados.
Monteoliva, por su parte, se retiró sin realizar declaraciones públicas. El silencio oficial inmediato puede interpretarse de diversas maneras: prudencia investigativa, necesidad de corroborar información o decisión política de evitar especulaciones en caliente.
En episodios de este tipo, la comunicación institucional resulta clave para contener versiones cruzadas y prevenir la amplificación mediática de hipótesis no confirmadas.
Un elemento central del caso es la afirmación inicial de que, tras la inspección, los especialistas concluyeron que los paquetes no contenían explosivos. Este punto merece una lectura técnica: la ausencia de explosivos tradicionales —como pólvora negra, dinamita o compuestos militares— no excluye la posibilidad de otros mecanismos de detonación o reacciones químicas internas.
Existen artefactos improvisados que pueden generar deflagraciones sin responder a la tipología clásica de “explosivo” según normativa penal. También cabe la posibilidad de que se tratara de un dispositivo de baja potencia o incluso de un elemento que reaccionó por presión o manipulación sin haber sido diseñado con intención terrorista.
En términos comparativos, el caso evoca episodios históricos donde paquetes sospechosos generaron evacuaciones masivas aun cuando finalmente resultaron inofensivos. La experiencia internacional demuestra que el factor psicológico suele ser tan determinante como el daño material.
Un simple sobre con cables visibles puede paralizar edificios enteros. En ese sentido, el paralelismo con eventos anteriores radica en cómo la percepción de amenaza impacta en la rutina institucional y en la opinión pública.
Otro eje relevante es la figura del destinatario.
Gasparutti, al haber ocupado la dirección entre 2021 y 2022, representa una gestión pasada dentro de la estructura. Si bien las autoridades aseguraron que no se habían recibido amenazas previas, el hecho de que el paquete estuviera dirigido a un ex funcionario abre líneas investigativas vinculadas a posibles conflictos internos, disputas administrativas o situaciones personales.
No obstante, hasta el momento no se informó oficialmente ninguna hipótesis criminal consolidada.
La ausencia de advertencias previas también resulta significativa. En la mayoría de los casos de envíos intimidatorios, suelen existir mensajes, correos electrónicos o antecedentes que anticipan el hecho. Aquí, en cambio, no habría registros de amenazas, lo que incrementa la incertidumbre sobre la intencionalidad.
¿Fue un accidente aislado? ¿Un artefacto olvidado que reaccionó por causas físicas? ¿O un envío deliberado cuya peligrosidad fue subestimada durante meses?
Desde el punto de vista institucional, el episodio obliga a revisar procedimientos. La cadena de custodia de encomiendas en dependencias oficiales no es un detalle menor: implica responsabilidades administrativas, registros de ingreso, controles de rayos X y protocolos de apertura supervisada.
Si un paquete permaneció cuatro meses almacenado sin ser abierto ni descartado, cabe preguntarse cuál fue el criterio aplicado para su conservación y por qué recién ahora fue manipulado.
El impacto político también merece análisis. La presencia de la ministra en el lugar subraya la sensibilidad del evento en un contexto donde la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda. Cualquier incidente vinculado a explosivos —reales o presuntos— reactiva debates sobre terrorismo, amenazas internas y vulnerabilidad de edificios estatales. Incluso cuando el saldo material es limitado, el efecto simbólico puede ser considerable.
En paralelo, la actuación de la Brigada Especial Federal de Rescate pone de relieve la capacidad de respuesta ante emergencias complejas. Estos equipos están entrenados para intervenir en escenarios de riesgo químico, biológico o explosivo, y su despliegue busca minimizar daños colaterales.
La coordinación con el SAME evidencia un engranaje interinstitucional que, al menos en términos operativos, funcionó con rapidez.
En definitiva, el caso combina elementos técnicos, administrativos y políticos. La detonación de un paquete almacenado durante meses dentro de una institución pública expone vulnerabilidades y genera preguntas que aún no tienen respuesta definitiva.
Mientras la investigación avance —analizando restos, rastreando origen y revisando cámaras de seguridad— el episodio quedará como recordatorio de que, en materia de seguridad, incluso lo aparentemente inofensivo puede convertirse en detonante de alarma institucional.
La clave estará en determinar si se trató de un hecho accidental sin intencionalidad delictiva o de un envío diseñado con algún propósito específico. Hasta tanto se esclarezcan las circunstancias, el suceso permanecerá en una zona gris donde confluyen la prevención, la incertidumbre y la necesidad de fortalecer protocolos.
