Niños desaparecidos, redes de explotación y una pregunta incómoda para el Estado
Hay un miedo que no es ideológico.
Es visceral.
Es el miedo de cualquier padre cuando escucha hablar de desapariciones, de trata, de pedofilia. Es el miedo que atraviesa a una sociedad que ya no confía del todo en que el sistema esté funcionando.
En Argentina existen estadísticas oficiales. Existen denuncias registradas. Existen organismos públicos encargados de actuar cuando un menor desaparece.
Y también existen familias que esperan respuestas.
Lo que dicen los datos
El Ministerio Público Fiscal, el Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas y organizaciones como Missing Children Argentina publican cifras todos los años. La mayoría de los casos se resuelven. Muchos menores son encontrados.
Pero eso no elimina la pregunta que incomoda:
¿Por qué siguen existiendo tantos reportes?
UNICEF advierte que la vulnerabilidad infantil crece en contextos de pobreza estructural, exclusión social y falta de redes de contención.
Y ahí aparece el punto central.
¿Es solo un problema policial?
Cuando hablamos de pedofilia y explotación infantil, hablamos de delitos graves. Pero también hablamos de prevención.
Hablamos de:
• Educación
• Contención social
• Presupuesto
• Coordinación institucional
• Tecnología aplicada a la detección temprana
Y ahí la responsabilidad ya no es solo de un juzgado o una fiscalía. Es del Estado en su conjunto.
La pregunta que muchos se hacen
¿Está el gobierno argentino priorizando realmente la protección infantil?
¿O el tema aparece solo cuando estalla un caso mediático?
No se trata de acusar sin pruebas.
Se trata de exigir claridad.
Cuando una sociedad percibe que el problema existe, pero no ve campañas masivas de prevención, ni informes periódicos de resultados, ni rendición pública detallada, la sensación que queda es una:
Que se está reaccionando, pero no anticipando.
Mirar hacia otro lado también es una decisión
No hace falta que exista complicidad para que exista responsabilidad.
A veces el problema no es la acción directa.
Es la omisión.
Es la falta de prioridad política.
Cuando el debate público se llena de escándalos internacionales, pero no vemos la misma intensidad para auditar lo que ocurre puertas adentro, la sociedad empieza a desconfiar.
Y la desconfianza es el primer síntoma de una crisis institucional.
No es ideología. Es protección.
La protección de la infancia no debería dividir partidos.
No debería depender de quién gobierne.
Es una obligación estructural.
Si las estadísticas existen, deben explicarse.
Si hay protocolos, deben mostrarse.
Si hay presupuesto, debe transparentarse.
Porque el miedo no desaparece con discursos.
Desaparece con sistemas que funcionen.
