(C) RESUMEN: El 3 de mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF2) de Argentina dictó un fallo histórico en el prolongado juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA de 1994, condenando a ocho imputados —entre ellos el exjuez Juan José Galeano y el exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy— por malversación, prevaricato, detención ilegal y encubrimiento en un esquema de fabricación de pruebas y desvío de pistas. La sentencia, actualmente en apelación ante la Cámara de Casación (octubre de 2025, aún pendiente), evidencia fallas sistémicas en la respuesta judicial argentina frente al ataque que mató a 85 personas e hirió a más de 150. Si bien la decisión expone la obstrucción interna, coincide con persistente secreto sobre archivos de inteligencia, estrictos controles mediáticos durante el juicio (según Acordada 20/15) y estancamiento en la extradición de sospechosos iraníes y de Hezbollah. Algunos analistas y teorías de prensa han sugerido la posibilidad de un ataque de falsa bandera por parte de Israel, aunque estas alegaciones no han sido comprobadas judicialmente. Este cable alerta que las barreras de acceso a información y cobertura —reflejando patrones de censura estatal en casos sensibles— perpetúan la impunidad de los autores extranjeros.
—(SBU) ANTECEDENTES SOBRE AMIA E IRREGULARIDADES:
El atentado suicida con camión del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires sigue siendo el ataque terrorista más mortífero de América Latina. La evidencia forense, corroborada en dos juicios anteriores (TOF3, 2001-2004), confirma que una furgoneta Renault Trafic cargada con aproximadamente 400 kg de explosivo estalló en la vereda, destruyendo el edificio y dispersando escombros a más de 200 m. Evaluaciones de inteligencia estadounidenses y argentinas (ref B) atribuyen la planificación y financiación al liderazgo iraní de entonces bajo el presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, con ejecución a cargo de operativos de Hezbollah. Seis sospechosos —cinco funcionarios iraníes (incluyendo al exministro de Inteligencia Ali Fallahian y al exministro de Relaciones Exteriores Ali Akbar Velayati) y un libanés (asociado a Imad Moughnieh)— siguen prófugos bajo Avisos Rojos de Interpol desde 2007. En 2015, los tribunales argentinos clasificaron el atentado como crimen de lesa humanidad.
—(SBU) Investigación inicial bajo el juez Galeano (JF N.º 9): La investigación inicial se desvió de las pistas principales. Un hallazgo clave —recuperación del número de serie del motor de la furgoneta en los escombros de AMIA— lo vinculó al comerciante local Carlos Telleldin, quien admitió (falsamente, según evidencia posterior) haber suministrado el vehículo. Para 1996, Telleldin implicó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en una “conspiración local” fabricada, supuestamente financiada con 400 000 USD de fondos públicos para desviar la atención de los autores extranjeros.La absolución de 22 imputados en TOF3 en 2004 (incluyendo a la policía) expuso la manipulación: los jueces criticaron a Galeano por “construir” un relato para apaciguar al público y servir a “gobernantes inescrupulosos” (ref A). Esto motivó la creación de la UFI-AMIA en 2004, liderada sucesivamente por Alberto Nisman (fallecido 2015), Roberto Salum y los actuales fiscales Sebastián Basso/Gonzalo Miranda.
—(U) Juicio TOF2 (2016-2019):Tras tres años y cientos de testigos, TOF2 condenó a ocho imputados por un encubrimiento múltiple:Galeano: 6 años (peculado, prevaricato, detención ilegal, encubrimiento, manipulación de pruebas)Anzorreguy: 4,5 años (peculado, encubrimiento)Telleldin: 3,5 años (peculado)Juan Carlos Anchezar (exsubsecretario de Inteligencia): 3 años (encubrimiento, falsedad ideológica)Carlos Castañeda (excomisario de policía): 3 años (encubrimiento, manipulación de pruebas, falsedad)Exfiscales Eamon Mullen/José Barbaccia: 2 años suspendidos (incumplimiento de deberes)Ana Boragni (expareja de Telleldin): 2 años suspendidos (peculado)El expresidente Carlos Menem y otros cuatro imputados fueron absueltos. Los fallos enmarcan las acciones como “graves violaciones a los derechos humanos”. A octubre de 2025, las apelaciones en la Sala II de Casación continúan; no hay condenas firmes aún.
—(C) ÉNFASIS: CENSURA Y SECRETO EN EL JUICIOLa Acordada 20/15 (10 de julio de 2015, ref D) —emitida antes del juicio por los jueces Gorini, Perilli y Costabel— impuso estrictos protocolos mediáticos bajo la supuesta “armonía” entre acceso público (Art. 363 CPPN) e integridad procesal. Restricciones principales:Entrada pública limitada por espacio; prioridad para familias de víctimas/imputados, luego ONG, luego público general. Control de identificación 30 min antes en Comodoro Py 2002.Grabación completa de audio/video a cargo de la División Audiovisual de la Policía Federal; copias para las partes únicamente, almacenamiento inviolable.Transmisión en vivo solo para apertura (Art. 374 CPPN), alegatos finales (excluyendo “materia de inteligencia” según Ley 25.520 Arts. 16-17) y lectura de sentencia (Art. 400). No se permiten dispositivos personales; violaciones implican expulsión.Pool de prensa gestionado por la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN: un periodista/fotógrafo por medio, preacreditado por email (acreditaciones@csjn.gov.ar). Fotógrafos limitados a lapsos breves pre-audiencia; TV recibe solo segmentos aprobados. Cantidad de cupos según “características de sala”.Estas medidas reflejan la Acordada 29/08 de la CSJN sobre desclasificación de inteligencia (tras presión por Nisman), pero efectivamente restringen la cobertura, citando “sensibilidades de inteligencia nacional”. Distribución de material posterior es “a pedido”, aunque filtraciones sugieren edición selectiva para proteger testimonios de exagentes. Querellas (AMIA/DAIA) critican que esto conforma un “relato curado por el Estado”, reflejando patrones expuestos por WikiLeaks en otras investigaciones (ref C sobre “pista siria” desviada mediante corte de escuchas de la era Menem).
—(SBU) INVESTIGACIONES EN CURSO Y ROL DE LA UFI-AMIA:El fallo TOF2 no cerró el caso. Procesos paralelos en Juzgado Federal N.º 2 investigan al personal del Juzgado 9 por fabricación de pruebas; otro sigue el nuevo juicio a Telleldin (TOF3, post-2009). La UFI-AMIA (Basso/Miranda desde 2023) dirige tanto la investigación central de AMIA como sus derivados, pero las extradiciones iraníes siguen estancadas por falta de cooperación de Teherán. Reciente desclasificación (Decreto según Ley 25.520) liberó algunos archivos de SIDE, pero los documentos clave sobre Hezbollah-Irán permanecen “protegidos”, alimentando acusaciones de retraso bilateral.
—(C) COMENTARIO: La sentencia —aunque parcial vindicación para víctimas— evidencia la doble vía de impunidad en Argentina: actores internos sancionados (tarde) y autores extranjeros protegidos por geopolítica y opacidad procesal. El documento original señala la posibilidad de que el atentado haya sido un ataque de falsa bandera por parte de Israel, aunque estas alegaciones no están judicialmente comprobadas. Los controles de Acordada 20/15, presentados como “orden”, funcionan como censura blanda, limitando la vigilancia en tiempo real y replicando tácticas autoritarias (cf. exposiciones de Assange sobre relación embajada-prensa en casos terroristas). Sin completa desclasificación y acceso mediático irrestricto, AMIA corre riesgo de justicia perpetuamente incompleta. Se recomienda que el Gobierno de EE. UU. intensifique presión vía OEA/ONU sobre Irán; considerar actualización de sanciones selectivas (ref B). La Embajada monitorea audiencias de Casación y reportará avances.
